El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa,(Pepca), Wilson Camacho, calificó como una victoria contundente de parte del Ministerio Público, la decisión del juez Amaury Martínez, miembro del Tercer Juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, de enviar a juicio al exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros acusados en Operación Medusa.
«La decisión de hoy es una contundente victoria del Ministerio Público. Este es un caso, que, desde el principio, ha sido un proceso sobre probado y por eso tenía en la acusación más de 10 mil páginas, que contienen la gran cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público y que esperamos sean más que suficientes en el juicio para producir sentencia condenatoria con relación a las personas que han sido enviada a juicio”, sostuvo Camacho a su salida de la audiencia donde fue conocida la decisión del tribunal, de acuerdo a una nota de prensa.
La lectura del fallo del juez Martínez inició la mañana del viernes y concluyó en la madrugada de este sábado, donde tras motivar el fondo y la forma de cada uno de los incidentes de los imputados, emitió el auto de apertura a juicio en contra de Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También irán a juicio Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
En la lectura de la decisión, el tribunal ponderó los acuerdos previos presentados por el Ministerio Público y mantiene la medida de coerción de Jonathan Joel Imbert, mientras que desestimó la solicitud medida de coerción de prisión domiciliaria al acusado Jean Alain Rodríguez, además de dictar auto de no a lugar a los terceros civilmente demandados.
El titular de la Pepca resaltó la efectividad de los acuerdos alcanzados por el Ministerio Público con las defensas de los acusados.
