Este proyecto de ley no es un avance democrático. Es una maniobra peligrosa, un acuerdo de poder entre el gobierno y los viejos monopolios mediáticos para controlar la narrativa nacional y silenciar a quienes piensan diferente.
Lo han disfrazado de “modernización”, pero se trata de un instrumento de censura institucionalizada, diseñado para perseguir voces incómodas, especialmente en las plataformas digitales, donde hoy se expresa sin filtros la verdadera opinión del pueblo.
Este proyecto establece un nuevo órgano regulador —el INACOM— que no tiene independencia real, ya que sus miembros son designados a través de ternas propuestas por el propio presidente. Es decir, el mismo poder que será criticado será quien controle al ente que juzgará esa crítica. ¿Dónde está la democracia ahí?
Además, se le da a ese órgano la potestad de imponer sanciones, multas millonarias, e incluso suspensiones de medios sin intervención judicial previa, lo que vulnera principios básicos del debido proceso. Esto es censura administrativa pura, ejecutada por burócratas afines al oficialismo.
Pero lo más grave es lo que no se dice en voz alta: esta ley es parte de un complot entre el gobierno y un grupo de empresarios dueños de diarios tradicionales que han perdido el control de la opinión pública. Les duele que las redes sociales y medios digitales hayan roto el viejo cerco informativo. Les molesta que ya no puedan dictar el discurso nacional desde una redacción. Y como no pueden competir con talento, velocidad ni conexión con la gente, ahora quieren competir con represión.
Las plataformas digitales representan hoy la voz libre, horizontal, plural. Son el espacio donde el ciudadano común puede desenmascarar la mentira oficial, denunciar abusos, cuestionar narrativas impuestas. Por eso esta ley quiere someterlas a controles, a normativas redactadas a medida de los intereses del poder político y económico.
Incluso obliga a las plataformas a revelar algoritmos, códigos fuente, identificar usuarios, y ofrecer informes semestrales sobre restricciones y publicaciones. Pero lo más preocupante es que permite al Estado, vía el INACOM, “exigir” a las plataformas que retiren contenidos si alguien alega sentirse afectado, aunque el contenido sea verdadero o de interés público.
Lo que se busca es amordazar al ciudadano digital, proteger a los funcionarios de la crítica y devolver el poder informativo a un grupito que ya no lo tiene. Es el retorno del miedo, pero esta vez con ropaje jurídico.
Es un pacto antidemocrático. Una emboscada contra la libertad. Un arma hecha a medida para silenciar al pueblo. Y eso no se puede permitir.
