El Ministerio Público acusó este lunes a la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), de intentar desglosar su caso del juicio principal de la Operación Coral y de recurrir a problemas de salud para aplazar la audiencia inicialmente prevista para esta fecha.
Según un comunicado oficial, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pospuso la vista para el 3 de noviembre después de que la defensa de Cáceres Silvestre presentara una licencia médica de 45 días, alegando una condición de salud del acusado.
Cáceres Silvestre es señalado por la Fiscalía como el presunto líder de una red de corrupción que, entre 2012 y 2020, desvió fondos públicos de instituciones de seguridad del Estado. La investigación, que desmanteló las operaciones “Coral” y “Coral 5G”, imputa a 30 personas físicas y 18 jurídicas, con un perjuicio al erario estimado en más de 4,500 millones de pesos.
Pruebas y Bienes Incautados
El caso cuenta con un sólido cuerpo probatorio. El Ministerio Público informó que, desde el pasado 29 de agosto, ha presentado más de 2,900 elementos de convicción contra Cáceres Silvestre y otros implicados, incluidos los generales Julio Camilo de los Santos Viola y Juan Carlos Torres Robiou.
Entre las pruebas se detallan:
· 2,201 pruebas documentales.
· 141 peritajes.
· 282 declaraciones de testigos y peritos.
· 184 pruebas procesales.
· 104 pruebas materiales, entre las que se encuentran armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Como resultado de la investigación, las autoridades han identificado 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje, así como más de 28 millones de pesos y 55,000 dólares en efectivo. Todos estos bienes han sido solicitados en decomiso por la Fiscalía.
Adicionalmente, el Ministerio Público destacó que los bienes incautados han generado ingresos por alquileres y producción agrícola que superan los 86 millones de pesos, monto que también ha sido reclamado a favor del Estado dominicano.
El tribunal que conoce el caso está integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo. La próxima audiencia, fijada para noviembre, representa un nuevo intentzo por avanzar en uno de los casos de corrupción pública de mayor envergadura en la historia reciente de República Dominicana.
