Un voluminoso expediente acusatorio contra Jean Alain Rodríguez Sánchez y demás implicados en el caso Medusa ha sido presentado por el Ministerio Público (MP). El documento de más de doce mil páginas, contiene la relación precisa y circunstanciada de los hechos punibles que se atribuyen, tanto a los 41 imputados en el caso, como a las 22 empresas mencionadas en la acusación.
Por supuesto, es el nombre del exprocurador, principal acusado en la operación, el que más sale relucir.
El documento expone entre otras dísimiles evidencias que Rodríguez Sánchez desde antes de llegar a la administración pública, tenía la intención de distraer recursos del patrimonio público, a tales fines falseó su primera declaración jurada de bienes, presentada el 30 de agosto del año 2012, al momento de asumir su cargo como Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEIRD).
En aquel entonces, su declaración jurada de bienes hablaba de un patrimonio total de RD$220,586.137.47, “para presentar una falsa fortuna que en realidad no tenía, lo que evidencia que el acusado llegó a la administración con el firme y decidido criterio de que el patrimonio público es para depredarlo y lo logró, hoy sus bienes multiplican la aun falsa declaración jurada”, relata el expediente del MP.
Para ello se dice que contó con la gran oportunidad que cualquier criminal de cuello blanco quisiera poseer: apoyo incondicional del entonces gobernante de la nación, Danilo Medina Sánchez. “Poder, informaciones privilegiadas, mecanismos de investigación sofisticados, un gran presupuesto, una millonaria partida económica especial y una mega estructura con una organización refleja a la de la Procuraduría General de la República”, a todo ello tuvo acceso el imputado, según el texto redactado por el órgano de justicia.
Para realizar sus fechorías, continúan, las cuales respondían al único objetivo de acumular riquezas del patrimonio público y forjarse una carrera política, Jean Alain llegó a conformar una asociación con diferentes personas que estaban al frente de direcciones, departamentos unidades del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y la Procuraduría General de la República.
El MP declaró además que tras meses de investigación, deben reconocer ante el sistema de justicia dominicano que “nos quedamos muy cortos en la medida de coerción pública”.
