Este jueves el Tribunal Colegiado de Puerto Plata dará a conocer si acoge el pedimento del Ministerio Público de condenar a cinco años de prisión al pelotero de Grandes Ligas, Wander Samuel Franco Aybar, acusado de abuso sexual infantil.
Durante la audiencia, fijada para las 3:00 de la tarde, los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez también informarán si ordenan a Franco Aybar pagar una multa de 10 salarios mínimos de lo establecido por el Banco Central en beneficio del Estado dominicano, así como el pago de las costas penales del proceso.
Igualmente, el Ministerio Público espera que el tribunal condene a 10 años de prisión a la madre de la presunta víctima, procesada por explotación sexual de menores y lavado de activos. Asimismo, que se le imponga el pago de una multa equivalente a 30 salarios mínimos en beneficio del Estado dominicano.
Del mismo modo, pidió que se ordene el decomiso de los siete bienes que les fueron incautados a la acusada, incluyendo un solar ubicado en Villa Montellano con una extensión superficial de 600 metros cuadrados, un carro del año 2023, RD$2,100,000 que se encuentran depositado en el Banco Agrícola de la República Dominicana, sucursal Puerto Plata, así como la suma de 68 mil 500 dólares americanos y 800 mil pesos dominicanos. Igualmente, los equipos celulares y todos los valores colocados en la cuenta de la acusada, que han sido inmovilizadas por el Ministerio Público en virtud de una orden especial y autorización judicial, además del pago de las costas penales del proceso.
El órgano persecutor solicitó al tribunal que Franco Aybar y la progenitora de la menor cumplan sus respectivas penas privativas de libertad en los centros de corrección y rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata, y Rafey Mujeres, en Santiago.
El expediente acusatorio señala que la conducta de Franco Aybar y la madre de la adolescente viola las disposiciones de varios artículos del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), el Código Penal Dominicano y la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata De Personas, así como la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El Ministerio Público sustentó su acusación con 165 pruebas.
