El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) sostuvo este martes que es «víctima» de una «brutal guerra jurídica» por parte del Gobierno de Luis Arce, un día después de que la Fiscalía presentase una acusación formal en su contra en un caso por presunta trata de personas.
«Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal guerra jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce que se comprometió a entregarme como trofeo de guerra a EEUU», escribió Morales en la red social X.
A su juicio, como ocurre con otros «presidentes izquierdistas de América Latina», las autoridades «se inventan delitos» en su contra y «no respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso».
«Me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado», afirmó Morales.
El político aseguró que su único «delito» es haber logrado durante su Gobierno una «economía justa» y el no haber permitido la «intromisión y abuso del imperio norteamericano».
«Sufro desde hace tiempo un constante bombardeo de difamación e insultos. El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares, que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme», agregó.
La fiscal departamental de la región sureña de Tarija, Sandra Gutiérrez, presentó en la víspera una «imputación formal» contra Morales y la madre de la presunta víctima de un caso de trata de personas cuya investigación se hizo pública en septiembre.
Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo y que presuntamente pertenecía a un grupo político juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia.
Además, en el proceso se indica que los padres de la supuesta víctima se «lucraron» con ella al entregarla al expresidente a cambio de «favores».
Gutiérrez afirmó que se solicitó la alerta migratoria para Morales y la madre de la joven, y ahora esperan que un juez fije la fecha para una audiencia de medidas cautelares.
En la víspera, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció que se pedirá la detención preventiva de Morales «por seis meses en una cárcel pública».
La Fiscalía también confirmó que el 16 de octubre se emitió una orden de captura contra Morales que no ha podido ejecutarse por diversos motivos, entre ellos los bloqueos de carreteras que cumplieron durante 24 días los seguidores del exmandatario, especialmente en el centro del país, para defenderlo ante la posibilidad de que sea aprehendido.
Morales no ha salido desde octubre del Trópico de Cochabamba, su bastión en el centro del país, donde es resguardado por centenares de cocaleros que son su base sindical y política.
Además del caso en Tarija, en la región central de Cochabamba hay otras siete denuncias por presuntos abusos a menores contra Morales y el mes pasado se conoció que se abrió una investigación penal al exmandatario boliviano en Argentina por supuesta trata de personas y abuso sexual.
Morales vivió en Argentina durante un año tras la crisis social y política de 2019, en la que renunció a la Presidencia alegando ser víctima de un supuesto golpe de Estado en medio de denuncias de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de ese año.
Estas investigaciones contra el político se dan en medio de su pelea con el presidente Arce por el control del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y la definición de la candidatura oficialista para las elecciones de 2025.
Tomado de EFE
