La República Dominicana celebra este sábado 7 de enero el Día del Poder Judicial, fecha que otra vez llega en un momento en que la justicia del país se encuentra a prueba, gracias a los grandes casos de corrupción que se dirimen hoy en los tribunales.
La justicia, además, está siendo cuestionada por varios procuradores adjuntos motivados por la variación de medidas de coerción contra varios imputados en los principales casos de corrupción que se ventilan en el territorio nacional, críticas provocaron que la procuradora general de la República, Miriam Germán, escribiera una carta en la que recomendaba a sus procuradores adjuntos reflexionar sobre sus pronunciamientos contra jueces y el Poder Judicial.
Como se recordará, los grandes casos contra la corrupción que actualmente ocupan a la justicia dominicana son: Medusa, Coral, Coral 5G, 13 y Anti Pulpo, con la mayoría de los principales imputados en prisión domiciliaria debido a que cesó la prisión preventiva.
Esos casos podrían ser evacuados en este 2023 y hay muchas expectativas en cuanto a las sentencias que puedan dictar los tribunales, principalmente en los expedientes contra Alexis Medina, Adán Cáceres y el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez.
Desafíos en el Poder Judicial
Ante tal escenario, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advierte que es urgente que el Poder Judicial se articule con la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones para establecer un censo penitenciario verificable y que sea adecuado a los cambios en el funcionamiento ordinario del sistema de justicia penal, lo que implicaría el establecimiento de un sistema de identificación biométrico, que permita poner al día la totalidad de las órdenes de libertad en todos los tribunales de ejecución de la pena y de la sanción adolescente y garantice la reducción de la cantidad excesiva de presos preventivos.
También apunta que sigue siendo una tarea pendiente en el sistema de justicia la transformación del sistema penitenciario, que se ha convertido en una grave anomalía en nuestro régimen democrático y que, pese al empeño que muestra la Procuraduría General de la República, vía la Dirección General de Prisiones y la Escuela Nacional Penitenciaria, todavía está muy alejado de los mandatos de las leyes y la Constitución al respecto.
FINJUS se unió a la iniciativa del INFOTEP, la PGR y Prisiones, para la creación de talleres móviles en 7 recintos penitenciarios en todo el país, con diversos programas de formación, en lo que se espera sea un aporte sostenido para garantizar la reinserción social de los internos y mejores perspectivas para sus familias.
Fuente N Digital
