Mientras más nos adentramos a revisar los datos del proceso de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (Ogtic) para la contratación del Centro de Servicios Presenciales, Punto GOB Punta Cana, emergen cuestionamientos que apuntan a un diseño que favoreció exclusivamente al único oferente adjudicado. Este contrato, valorado en RD$296,722,560.24, bajo la modalidad de Excepción por Exclusividad, revela irregularidades que levantan serias dudas sobre la transparencia y la competencia efectiva en el proceso.
Uno de los detalles más llamativos de esta licitación es que el proveedor adjudicado, Jacinto Badui Howley Dumit Serulle, quien tiene asignado el Registro de Proveedores del Estado (RPE), número 118477, obtuvo dicho registro apenas unos meses antes de la apertura del proceso. Este dato, lejos de ser casual, plantea serias preguntas sobre si realmente se garantizó un análisis de mercado abierto y competitivo. ¿Cómo un proveedor sin experiencia previa en contratos públicos logra adjudicarse un proyecto de tal magnitud? Su registro reciente, combinado con la ausencia de una trayectoria en procesos similares, refuerza la percepción de que este proceso fue diseñado con un destinatario predeterminado desde su inicio.
Por otro lado, el informe técnico y económico aprobado por el Comité de Compras y Contrataciones tampoco ofrece respuestas claras. Aunque se menciona que inicialmente se evaluaron seis plazas comerciales, el informe final solo menciona y evalúa una: Velero at Punta Cana. No se detallan las razones por las que los demás competidores fueron descartados, ni se presentan comparaciones que respalden la selección final. Esto deja en el aire dudas sobre si se realizaron las gestiones necesarias para garantizar que otros oferentes tuvieran la oportunidad de participar en igualdad de condiciones.
Además, el plazo reducido de 11 días para presentar propuestas tampoco ayuda a despejar estas dudas. Para un proyecto llave en mano, con altos requerimientos técnicos y financieros, este tiempo resulta irrisorio para preparar una propuesta sólida. La modalidad de Excepción por Exclusividad, aunque permitida por la normativa, exige una justificación clara y un análisis exhaustivo del mercado, elementos que no se evidencian plenamente en los documentos disponibles.
En un contrato de casi 300 millones de pesos, los ciudadanos tienen derecho a recibir respuestas claras y fundamentadas sobre las decisiones tomadas. Más que un caso aislado, este proceso debe servir como ejemplo de la urgente necesidad de reforzar los controles y mecanismos de supervisión en las instituciones públicas. La transparencia no es un favor, es una obligación con quienes confían en que las autoridades gubernamentales manejen los recursos de todos con responsabilidad y justicia.
