La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional demoró hasta el martes 8 de octubre, a la 1:00 de la tarde, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario Jochi Gómez, y otros cinco imputados en una supuesta red de corrupción que operó en el proceso de licitación en que resultó contratada la empresa Transcore Latam para el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La audiencia se aplazó para que las partes conozcan en detalle el expediente de solicitud de medida de coerción, que fue depositado por el Ministerio Público la noche de este viernes.
El órgano acusador solicita la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción contra los siete imputados y la declaración del caso complejo “por tratarse de crimen organizado”.
Los detenidos están imputados por delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, coalición de funcionarios, robo de identidad, estafa contra el Estado a través de las licitaciones públicas con las que fueron favorecidos, entre otros.
Además de Beras y Gómez, están sindicados en este caso Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, encargado de los asuntos técnicos – informáticos de la empresa de Jochi Gómez.
Todos se encuentran detenidos desde el miércoles 2 de octubre en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional. La fiscal Ortiz dijo que en el transcurso de las investigaciones podrían incluir a otras personas.
