El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó en fecha reciente dos recursos contenciosos administrativos presentados por la sociedad comercial Transcore Latam, S.R.L. que buscaban anular la resolución RIC-156-2023 emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la cual ordena la suspensión del contrato suscrito por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la modernización del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La decisión figura en la sentencia No. 0030-03-2024-SSEN-00755, de fecha 13 de diciembre de 2024, en la que los magistrados consideraron que la DGCP actuó conforme al marco legal, adoptando una medida precautoria fundamentada en pruebas.
El TSA en su sentencia No. 0030-03-2024-SSEN-00768 consideró además que la decisión de la DGCP de anular los informes de evaluación de las ofertas técnicas, preliminar y definitivo, fue debidamente fundamentada por las irregularidades en el pliego de condiciones, así como por el idioma de la oferta, confirmando así la validez de la Resolución Ref. RIC-165-2023, resultado de un procedimiento de investigación sobre la contratación.
“Estas decisiones judiciales confirman que el accionar de este órgano rector ha sido correcto y apegado a la ley, conforme a sus competencias, lo que mantiene la validez y vigencia de las resoluciones adoptadas”, resaltó la DGCP a través de una nota de prensa.
El TSA consideró que la Dirección General de Contrataciones Publicas actuó conforme al marco legal con relación a la suspensión del contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la sociedad comercial Transcore Latam S.R.L.
La DGCP explicó que con ambas resoluciones adoptadas a finales de 2023 busca garantizar el interés general, el uso eficiente del gasto público y el respeto de los principios sobre los que deben regirse las contrataciones públicas.
El exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y otros cinco personas están siendo investigados por presuntas irregularidades en el contrato, quien son procesado en el denominada operación Camaleón.
Los demás acusados son: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico.
Juan Francisco Álvarez, director Administrativo y Financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas.
Se les involucra en una licitación pública en la que se adjudicaron a la empresa de Jochi Gómez más de 1,317 millones de pesos para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
