Janel Andrés Ramírez Sánchez, actual presidente de la Cámara de Cuentas está en peligro de enfrentar un proceso penal con la justicia, acorde con la Ley 24-97 que modifica el Código Penal y que tipifica el acoso sexual, delito por el cual está siendo acusado por dos abogadas empleadas de ese organismo de control fiscal de los recursos públicos.
Las querellantes son Bella Massiel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez; ambas interpusieron el pasado viernes, por medio de sus abogados, una demanda ante la procuradora general, Miriam Germán Brito, y la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, por tener el funcionario jurisdicción privilegiada.
Según el artículo 333-2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, establece que “constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones. El acoso sexual se castiga con un año de prisión”, contempla esa normativa.
Hasta la fecha, la Procuraduría General no ha informado qué procurador adjunto llevará a cabo la investigación en contra de Ramírez Sánchez.
En el informe que presentaron las querellantes, Correa Jiménez narra que el presidente de la Cámara de Cuentas empezó a acosarla el 4 de diciembre del 2021 cuando le solicitó su número personal con la intención de saber sobre una auditoría que realizaba, pero luego se dedicó a hacerle preguntas y comentarios de tipo personal y, en otra ocasión, le preguntó que “si ella no saldría a bailar” con él, a lo que ella respondió que no, y que él le insistió “que por qué” a lo que la joven contestó que era una mujer casada.
A esta última respuesta, según el documento, Ramírez le preguntó “que si la mujeres casadas no salían a bailar con otros hombres”.
